El documento refiere que hay indicios suficientes de una presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de deberes funcionales, como se advirtieron en diferentes medios de comunicación antes del cierre del botadero de basura de Chilla.
Asimismo, dispone remitir el caso a la Fiscalía en Materia Ambiental de Puno para que proceda conforme a sus atribuciones y funciones respecto a vertimiento de residuos sólidos en la zona urbana.
De la misma forma establece poner de conocimiento al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Gobierno Regional de Puno para tomen acciones urgentes de acuerdo a sus competencias.
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